El informe pro-privatización de IASIST reconoce que la sanidad privada no es más barata y que además es más peligrosa para el paciente

En este artículo de gacetamedica.com se hace referncia al “estudio” de IASIST (financiado por el Gobierno de Madrid y por las aseguradoras) para “explicar” que los hospitales con fórmulas privatizadas son mejores y más baratos que los hospitales con fórmulas públicas. Lo que no se “explica” es por qué obtienen esos datos y esas conclusiones.

En concreto, los hospitales de gestión empresarial tienen una productividad un 37 por ciento superior y un coste “un 27 por ciento inferior”, según explicó el presidente del Comité de Sanidad del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

Ignoremos que quien lo explica es el presidente del Comité de Sanidad del Círculo de Empresarios, y centrémonos en que las cifras que menciona no hacen referencia a la calidad asistencial, los beneficios socio-sanitarios o la eficacia de los tratamientos médicos, sino, exclusivamente, a productividades y costes, que son indicadores económicos y empresariales que no revelan nada sobre la calidad de la asistencia a los pacientes. Todos sabemos que se puede mejorar la productividad y reducir los costes de muchas formas a costa de los pacientes, como por ejemplo evitando las patologías más caras y ampliando el número de intervenciones quirúrgicas baratas aunque sean innecesarias, pero, ¿es lo que queremos como profesionales? ¿Es lo que necesitan los pacientes? Si es así, podemos abaratar la Sanidad Pública sin tener que privatizar, tan sólo dejando de hacer transplantes y ejecutando muchas extirpaciones innecesarias de apéndice.

En este sentido, la directora general de Iasist, Mercè Casas, explicó durante la presentación que el estudio, realizado en 78 hospitales de 15 comunidades autónomas con datos de 2010, revela que los hospitales con formas de gestión más autónomas “mantienen un 15 por ciento menos de tiempo al paciente ingresado” en el centro, lo que supone “un ahorro de 477 millones de euros”. Además, aplican “un 13 por ciento más la ambulatorización tras los procedimientos quirúrgicos”, otro de los motivos por los que son más eficientes.

Antes de proseguir… ¿De qué 78 hospitales hablamos? ¿Realizan acitividedas equivalentes? ¿Son comparables en suficientes parámetros? ¿Serían tan amables de ofrecer sus datos y sus fuentes para que otros analistas algo más independientes puedan reproducir sus análisis y evaluar sus conclusiones?

Y, una vez aclarado que el estudio en sí es tan científico y transparente como las actas de las reuniones de la CIA sobre las ventajas económicas de tratar el VIH con homeopatía, llega el esclarecedor asunto de que los hospitales privatizados mantienen al paciente ingresado un 15% menos de tiempo y eso ahorra 477 millones de euros. Bueno, sí, mandar al paciente a casa antes de tiempo ahorra dinero, pero, ¿después de qué tipo de intervención?, y ¿es eso bueno para el paciente? Antes de contestar a estas preguntas, recordemos que la salud es un derecho y un servicio social, no un negocio. Una pregunta clave aquí es: ¿Qué ganan los médicos en la Pública manteniendo al paciente ingresado durante más tiempo? La respuesta es sencilla: Nada. A los médicos de la Sanidad Pública no se les paga más por alargar la estancia de los pacientes en el hospital, de lo que podemos deducir que, cuando lo hacen, es para asegurarse de no dar el alta al paciente antes de tener ciertas garantías de que es la decisión correcta, para no precipitarse en una decisión médica que puede cobrarse un coste en salud. O sea, por precaución y por responsabilidad profesional para con el paciente. En el estudio de IASIST, sin embargo, se valora como algo positivo que los médicos manden antes al paciente a casa, porque eso ahorra dinero al hospital. Pero, ¿no ahorra también salud? La diferencia es que en la Privada los médicos se pueden ver incentivados (e incluso obligados) a ahorrar dinero aún a costa de la salud del paciente, mientras que en la Pública los facultativos utilizan medidores estrictamente médicos para tomar la decisión de dar un alta. También en la Pública se podría tener un 15% menos de tiempo al paciente hospitalizado y ahorrar dinero a costa de arriesgar al paciente, pero, cuando hablamos del derecho a la salud, lo más barato no siempre es lo mejor para el paciente ni, por lo tanto, lo que elegiríamos los ciudadanos.

Por decirlo en palabras que incluso González y Lasquetty podrían entender; no estamos comprando un coche ni negociando una hipoteca, estamos dejando en el hospital unos días más a un hijo, a una madre o a un hermano para asegurarnos de que su tratamiento sea lo más completo posible. ¿Realmente queremos arriesgar su salud mandándoles a casa unos días antes para ahorrar dinero? ¿Realmente estamos hablando de la relación costes-beneficios que supone arriesgar la salud de nuestros seres queridos? ¿De verdad queremos que a nuestro médico se le pague más por cada día de menos que nos tenga en observación después de una operación?

Respecto a aplicar un 13% más de ambulatorización, no sólo estamos en un caso parecido al que acabamos de analizar, sino que, además, tenemos el agravante de que lo que ahorra el hospital, lo paga el ambulatorio. Eso, si el hospital lo gestiona una empresa privada y el ambulatorio es de gestión pública, resulta económicamente beneficioso para la empresa a costa de resultar costoso para el contribuyente, con lo que al final el paciente nos cuesta lo mismo o más a los ciudadanos que si todo el proceso se hubiera llevado a cabo en un hospital público y no se hubiera mandado al ambulatorio al paciente.

Las personas que acuden a ambos tipos de hospitales tienen características “muy similares en edad y complejidad” de sus patologías. En cuanto a la mortalidad, dentro de los centros “es ligeramente menor en los que tienen una gestión diferente a la administrativa”, señaló Casas para añadir que la explicación de este fenómeno es que “mandan a muchos más enfermos a centros de media-larga estancia” y están menos días en el propio hospital.

Es lógico. Si los pacientes con mayores complicaciones y más posibilidades de morir son enviados a centros de media y larga estancia, los pacientes que morirán en el hospital serán menos. De cajón. Pero, ¿quién paga esos centros de media y larga estancia? ¿Esos también van a privatizarse o los vamos a seguir pagando todos los ciudadanos? Si al pago con dinero público que va para el hospital privatizado le sumamos el mantenimiento con dinero público del centro de media y larga estancia, ¿no pagamos al final más por cada paciente, y todo con dinero público? He aquí revelado e incluso confesado, el motivo por el que Consejería quiere convertir La Princesa y el Carlos III en centros de mayores y crónicos; para que los hospitales privatizados puedan mandar allí a los pacientes más caros, de forma que el coste más grande recáiga sobre los centros públicos y las cuentas de los hospitales privatizados les hagan parecer más rentables. Pero, al final, todo ello seguiremos pagándolo con dinero público, y habrá que sumarle los beneficios de la empresa privada que gestione el hospital privatizado. La magia no existe en esto, pero los juegos de manos abundan.

Además, aseguró que los resultados de este informe son muy similares a los del realizado en 2007 aunque “lo más destacable” para ella es que “unos pocos hospitales de gestión directa tienen iguales resultados que los de gestión más autónoma”, lo que indica que el resto también podría lograr este objetivo de incrementar la eficiencia manteniendo su gestión administrativa y “muestra un camino a seguir” que supondría “un gran ahorro” para el Sistema Nacional de Salud.

Sorprende que el artículo termine destacando que el propio informe reconoce que algunos hospitales de gestión pública tienen los mismos resultados que los de gestión privada, lo que quiere decir que, según el propio informe de IASIST en el que se basa la política privatizadora de la Consejería, no es necesario privatizar la gestión sanitaria para obtener buenos resultados económicos. Por lo tanto, ¿a qué se debe que el Consejero Lasquetty simule querer dialogar con los profesionales al mismo tiempo que asegura que el plan se sostenibilidad no es negociable? ¿Hay, quizá, intereses ocultos más allá de las cifras y por encima de los motivos esgrimidos para desmantelar la Sanidad Pública madrileña? Esta última pregunta era retórica, evidentemente.

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